Opina: Carlos García
Imágenes: Captura de Ustream, Defensoría del Pueblo y Presidencia del Consejo  de Ministros

Cuando Lima voltea la mirada al interior del país siempre es porque nos llama la atención ver llantas en llamas, bloqueo de carreteras, nativos con la cara pintada y lanzas en las manos, saqueo de oficinas de una entidad pública y/o gases lacrimógenos lloviendo a diestra y siniestra. La violencia se ha institucionalizado como medio de hacer llegar los reclamos de los pobladores del interior a oídos de la gran ciudad.

En primer lugar, la culpa es del gobierno. No es idóneo para la solución de un conflicto esperar a que cierren una carretera o tomen de rehén a un policía para buscar una solución. Al gobierno de turno pareciera gustarle la atención mediática que provoca un enfrentamiento entre pobladores y policías, y lo peor es que lo ve por televisión.

53 días de idas y venidas, viajes de Antonio Brack para dialogar con los nativos en su cancha (¿es el ministro del Ambiente el mejor interlocutor del gobierno?),  y visitas de Alberto Pizango (líder de AIDESEP) a Lima para conversar con Yehude Simon (¿por qué él no fue al lugar de los hechos?): el diálogo no terminaba nunca y la sangre llegó al rio.

En entrevista al diario La República la ministra del interior Mercedes Cabanillas dijo que ella no sabía nada. Es decir, el enfrentamiento entre la Policía Nacional y los pobladores que bloqueaban la carretera Fernando Belaunde, iniciativa de las fuerzas del orden para limpiar la vía, la sorprendió. La autoridad de mayor jerarquía desconocía la situación. ¡Te pasas Meche!.

Luego, el motor y motivo de los enfrentamientos, el decreto legislativo 1090, quedó suspendido -sin plazo definido- luego de una tensa y accidentada votación en el Parlamento. Lo mismo pasó con el DL 1065.

Una semana después de los hechos violentos en Bagua la calma no llega. En Lima, la Policía se enfrentó con universitarios y demás manifestantes que recorrían la avenida Abancay rumbo al Congreso para hacer escuchar su voz de protesta. Asimismo, desde Lima no se valora la opinión de nuestros compatriotas que, en realidad, desde hace siglos nunca han sido vistos como iguales. Más bien se ha diferenciado desde el principio el ‘asesinato’ de los policías y la ‘muerte’ de nativos como si ambas pérdidas no fueran igual de trágicas.

Lo sucedido en Bagua es sólo la punta de un iceberg capaz de acabar con el más poderoso Titanic. Y no estamos en contra del progreso, como dice el presidente, si no que no se puede estar a favor de la violación de los derechos fundamentales de los pobladores.

Parece que el gobierno no toma importancia de los informes sobre conflictos sociales que emite la Presidencia del Consejo de Ministros y la Defensoría del Pueblo. El 50 % son de tipo socio ambientales, todos son protagonizados por nativos de la zona contra activistas de explotación y exploración minera. En Amazonas, departamento donde estallaron las protestas, sólo habían dos conflictos activos (de un total de 212) al 31 de mayo del 2009 y en ninguno había una iniciativa de diálogo establecida.

Revisar estos reportes es importante, pues si bien el Estado no es un pulpo de mil tentáculos, sí debería buscar la manera de no desatender a ninguna región. El Estado no debería esperar a que se le exijan hacer algo y menos reaccionar sin intención de conciliación –miren no más el spot del Ministerio del Interior- para hacerlo con la pierna en alto.

Entonces tenemos: nativos a los que sólo se les atiende si toman medidas violentas, un presidente que no cree que los reclamos son justos, una ministra que desconoce el accionar de la policía, reportes de conflictos que pocos revisan y que van en aumento. En conclusión: un triciclo ambulante llamado Perú.

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