Colaboración: Carolina Ciurlizza

Imagen: Cencos.org

En el Perú se aprobó la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el 13 de julio del 2002 mediante la cual cualquier persona puede solicitar información de las instituciones públicas. Han pasado siete años desde que se aprobó y en este lapso ha habido muy poca incidencia en su uso: obstáculos y prejuicios son los problemas principales. Aún así, los ciudadanos y en especial los que ejercen el periodismo tienen no solo el derecho, sino el deber de hacer uso de esta ley que contribuye a una cultura de transparencia y lucha contra la corrupción.

La ley 27806 nace en el marco de la recuperación de la democracia tras la caída del fujimorismo, claramente es el resultado de una apuesta por una serie de leyes que permitan al ciudadano volver a  confiar en el gobierno y sus instituciones. Dicho cuerpo legal establece que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a cualquier información pública, salvo en los casos de información referida a la seguridad nacional o que afecta el derecho a la intimidad de las personas.

El proceso que debe realizar todo ciudadano que quiera solicitar información en una entidad pública contempla lo siguientes pasos:

• Acercarse a mesa de partes de la institución en la que se quiere hacer la consulta.
• Llenar un formulario con nombre y DNI. No es necesario llevar una copia del DNI (y los menores de edad también pueden hacer la solicitud).

Posteriormente, el funcionario tiene siete días hábiles para darle a la persona la información que ha solicitado, si luego de este lapso no se entrega lo requerido, el funcionario puede pedir una prórroga de cinco días útiles. Si después de este tiempo el pedido no es atendido, es denegado o la respuesta es ambigua o incompleta, el solicitante puede iniciar el recurso de apelación.  Y por último, si esto no no se resuelve el solicitante podrá iniciar un proceso penal contra el funcionario por Abuso de Autoridad o además puede optar por el proceso constitucional de Hábeas Data.

Hata la fecha, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) registra 150 procesos de Hábeas Data por la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esto quiere decir que 150 personas en el Perú han usado la ley entre el 2003 y el presente año. Sin embargo, esto no es suficiente, como indicó Adriana León, periodista del IPYS. No hay un uso significativo de la ley debido, principalmente, a tres motivos: la poca propagación sobre el uso de la ley, la falta de actualización de los archivos de las entidades públicas, y la preferencia por usar otros mecanismos para conseguir información pública como a través de familiares o conocidos que trabajen en entidades estatales.

Si bien hay organizaciones que difunden el uso de la ley como el Instituto Prensa y Sociedad, el Consejo de la Prensa Peruana, la ONG Ciudadanos al Día y una serie de organizaciones más; es muy difícil si es que dentro de las mismas instituciones públicas no hay una debida capacitación de los funcionarios que estarían encargados de entregar la información solicitada. Tampoco se crean oficinas especializadas y no se archiva debidamente la información, mucho menos se ha digitalizado en su totalidad. “No podemos saber todo del Estado si el mismo Estado no conoce la información que tiene”, afirma León.

Por ello, no en todos los casos se mantiene una “cultura del silencio institucional”, también hay que reconocer que se puede dar el caso de un desorden de archivos. Sin embargo, como lo más probable es que pase mucho tiempo para que el sistema burocrático ordene su información y tal vez más tiempo para que la digitalice, IPYS recomienda que a la hora de solicitar los documentos tengamos los datos precisos para que el encargado de buscarla la pueda encontrar en un menor tiempo. Otro camino para obtener la información solicitada es ingresar al archivo, lo cual es totalmente legal. Así, si es que el funcionario no encuentra los documentos solicitados, nosotros tendríamos la posibilidad de buscarlos.

Por otro lado, la ley establecía que se iba a cobrar a las personas que soliciten copias de los documentos, ante esto muchas personas que solicitaron información se encontraron con la sorpresa de que tenían que pagar hasta 8, 000 soles por copias, la lógica de la institución era decirles que por copia cobraban dos soles. Ante este gran disparate se revisó la ley y se llegó al acuerdo de cobrar 10 céntimos por copia, valor de la fotocopia en el mercado nacional. Sin embargo, si vamos a solicitar un documento que cuenta con muchas hojas, podemos llevar un CD o un USB para que guarden la información en caso esta esté digitalizada. Pero como lo más probable es que no lo esté, tendremos que pedirle al encargado que la digitalice y así volver en una semana o dos para recoger los documentos.

Asimismo, la periodista Adriana León afirma que la mayoría de los periodistas que conocen la ley no la utilizan y prefieren obtener documentos públicos a través de otras fuentes que son citadas de manera anónima. Sobre este punto es importante que los periodistas usemos esta vía por dos motivos: en primer lugar porque más allá de que obtengamos información por alguna fuente, es más válido y transparente obtener un documento de forma oficial, y por otro lado, es muy importante que no solo los periodistas sino en general los ciudadanos exijamos este derecho porque si no lo hacemos no vamos a fomentar  que las instituciones implementen capacitaciones a sus empleados en la recepción y entrega de los pedidos o para que de una vez por todas terminen de digitalizar toda la data que posean.

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