A fines del 2015, cuatro días después de recibir la banda presidencial, Mauricio Macri emitió un decreto en el que nombró a dos jueces para completar el máximo tribunal de justicia de la República de Argentina. El recurso constitucional del que se valió el mandatario otorga al Ejecutivo el poder para “llenar vacantes de empleo que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso”. Queda preguntarse si los escasos puestos en la Corte Suprema -compuesta por cinco magistrados- equivalen a empleos que deban cubrirse durante el receso del Senado.

Para el abogado y periodista Pablo Llonto, esto era parte de la agenda de Macri para poder blindar sus reformas en caso llegaran a la Corte Suprema. “Sabía lo que se venía”, asegura durante una entrevista con Número Zero. Llonto es coautor de la primera demanda penal contra el presidente argentino, interpuesta para invalidar ese decreto de diciembre con el que Macri quiso estrenar su banda albiceleste.  

Por Gabriela Quevedo Castañeda.

Once y veinte de la mañana del primero de marzo, a Mauricio Macri le quedaban diez minutos antes de dar el discurso para inaugurar las labores del Congreso de su país, el órgano político en el que el “cristinismo”, el “kirchnerismo” y el “peronismo” lo esperan con mayoría para librar sendas batallas. El mes llegó luego de un turbulento verano en el que el presidente argentino acumuló una retahíla de demandas contra las reformas con las que intenta “reordenar la casa”.

Entre ellas destacan las que van contra los decretos de necesidad y urgencia (DNU), que apuntan desde la derogación de la Ley de Medios, hacia el refuerzo de la seguridad nacional que permite el derribo de aviones no identificados y sospechosos.

En el vigésimo quinto día de mandato de Macri el decreto 83/2015 hizo que una demanda por abuso de autoridad llegara a su despacho. Los autores fueron dos abogados de Derechos Humanos, Pablo Llonto, quien también es periodista, y Eduardo Tavani, ex director del Espacio para la Memoria y DDHH de Argentina. Ahora que el mandatario cumplió sus primeros 100 días de gobierno Número Zero revisa el caso que le sumó al mandatario, a su ministro de Justicia y DDHH., Germán Garavano, y a su Jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña, su primera demanda.

Entre flashes y cumbias

Lunes 14 de diciembre del 2015, solo habían pasado tres días entre el jolgorio del balconazo en la Casa Rosada y las sendas reuniones con gobernadores y ex contendores electorales. El ex presidente de Boca iniciaba formalmente sus labores en el despacho presidencial de la República, era hora de arrancar la agenda.

Ese día culminó con dos decretos emitidos y un anuncio: se eliminaron las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario, se nombraron dos jueces supremos con lo que se completaba el máximo tribunal de justicia y se anunciaba que el Senado entraba en receso de verano. Empezó el hervidero.

La celebración generada por la eliminación de barreras fiscales en el agro -que traerá un coletazo fiscal importante- fue paralizada por “la curiosa metodología de designación”, como la calificó el sitio web de Infobae, para designar puestos tan sensibles como los de la Suprema. Las respuestas no se hicieron esperar. Por un lado, el Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti pidió frenar este procedimiento hasta febrero, y por otro, uno de los tres miembros del tribunal, Elena Highton de Nolasco, hizo llegar un mensaje a Macri indicando que ella no participaría de la juramentación de sus dos colegas. Las sonrisas sostenidas del mandatario se habían ido.

El decreto número 83/2015 defendía que, de acuerdo al artículo 99, inciso 19, de la Constitución de Argentina, el Presidente tenía el poder de “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. El decreto fue dado horas antes de que se anunciara el receso del Senado. El documento, también suscrito por el ministro de Justicia y DDHH., Germán Garavano, y el Jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña, sostenía como algo “absolutamente necesario que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentre en condiciones plenas de funcionamiento a la mayor brevedad posible”, por lo que era “procedente la designación de dos juristas para integrar el Alto Tribunal”.

A diez días de iniciar el gobierno, el presidente Macri y la vicepresidenta Gabriela Michetti se reunió con senadores, diputados en el despacho presidencial. (Foto: Sitio oficial del PRO)

A diez días de iniciar el gobierno, el presidente Macri y la vicepresidenta Gabriela Michetti se reunieron con senadores y diputados del partido de gobierno para evaluar el funcionamiento del Congreso en el despacho presidencial. (Foto: Sitio oficial del PRO)

“(Macri) sabía que algunas de sus medidas podrían ser objetada judicialmente y por esas cosas del destino, hasta podrían rápidamente llegar a la Corte. Por eso él necesitaba para febrero o marzo tener una corte que, como todo presidente electo quiere, sea favorable. Que le convalide cada uno de los decretos, leyes, medidas que vaya sacando”, asegura Pablo Llonto, periodista de investigación, quien trabajó 19 años en el Clarín.

La coyuntura se hizo propicia cuando Macri, luego de ser investido, recibió una Corte Suprema sobre la cual regía la obligación de emitir fallos solo en unanimidad. Esto debido al número de miembros (3) al que la Suprema se había visto reducida. Una disposición de reducir de nueve a cinco miembros de la Corte emitida por Cristina Fernández, y las renuncias de Eugenio Raúl Zaffaroni a fines del 2014, y la de Carlos Fayt, a mediados del 2015, fueron algunos de los factores que se alinearon para lograr el escenario que el mandatario habría aprovechado.

La primera demanda a menos de un mes

“Artículo 1°: Desígnase como Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los Doctores Carlos Fernando ROSENKRANTZ y Horacio Daniel ROSATTI”, se lee textualmente en el controversial decreto 83/2015. Habían transcurrido poco más de veinte días desde el inicio de su mandato, cuando Mauricio Macri recibió su primera demanda penal del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 de Capital Federal, presidido por el juez Daniel Rafecas. La denuncia formulada por Llonto y Tavani, con el patrocinio de la ex jueza Lucila E. Larrandart, representaba otro candado más al acceso rápido de Macri para formar una corte.

Daniel Rosenkrantz, es socio del estudio de abogados que defiende al grupo Clarín. Mientras que Horacio Rosatti, fue ex ministro de Néstor Kirchner, durante su audiencia ante el Senado, el jurista negó haber sabido de la postulación de su colega. (Foto: Mendoza Post)

Daniel Rosenkrantz (izq.), es socio del estudio que defiende al grupo Clarín; su carrera política la inició en el radicalismo. Horacio Rosatti (der.), fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner (2004 – 2005); durante su audiencia ante la Comisión de Acuerdos el jurista negó haber sabido de la postulación de su colega. (Foto: Mendoza Post)

“Allí (en la Suprema) llegan los que son elegidos primero por el dedo del presidente de turno y los que tienen el aval político del Senado. Llega gente que tiene antecedentes y además de eso tiene convicciones políticas que van a responder al macrismo. Por eso estamos nosotros planteando esta cuestión”, indica Llonto.  

La demanda que acusa a Macri y dos de sus altos funcionarios de abuso de Autoridad, incluye también a los nominados a supremos, Rosatti y Rosenkrantz, sobre quienes se pide, ante la eventualidad de que asuman como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sean investigados por cometer el delito de usurpación de autoridad.

“Lo que se tiene que probar es si Macri cometió o no un delito que se llama ‘abuso de autoridad’, que es cuando alguien redacta una resolución en la cual va en contra de la legislación vigente. Nosotros dijimos en la denuncia que esa no era la manera de nombrar un juez y la historia de estos tres meses nos da la razón porque finalmente están haciendo el procedimiento que había que hacer, que era ir por el Senado. Cuando firmó el decreto, allí cometió el delito que dice el código penal: para aquel que saca resoluciones contrarias a lo que dice la Constitución y la ley”, explica Pablo Llonto.

Luego de inaugurado el año legislativo, el primero de marzo, el Senado procedió con el habitual mecanismo para elegir magistrados de la Suprema. Lo que implicó que la Comisión de Acuerdos llamara a los candidatos a una audiencia abierta para que respondiera un pliego de preguntas respectivamente.

Horacio Rosatti, quien entre el 2004 y 2005 fue ministro de Justicia y DDHH. de Néstor Kirchner, fue el primero. De allí le siguió Carlos Rosenkrantz, cuya vida política se inició con el radicalismo y como asesor del primer presidente democrático luego de la dictadura, Raúl Alfonsín.

El abogado de DDHH y periodista y escritor Pablo Llonto. En esta imagen se pronunciaba en defensa de un grupo de periodistas que fueron despedidos intempestivamente en el 2013. (Foto archivo: Radiográfica.org)

El abogado de DDHH y periodista y escritor Pablo Llonto. (Foto archivo: Radiográfica.org)

Tanto para Llonto como para muchos otros opinólogos de la escena política argentina, la estrategia de Macri habría sido un paso en falso. Sobre todo cuando los candidatos, aunque duramente tratados en sus interrogatorios en el Senado -Rosatti se presentó el 3 de marzo y Rosenkrantz el 10-, recibieron de la Comisión de Acuerdos dictámenes favorables el último martes 15. Con esto solo resta la votación en la cual ambos candidatos deben superar los dos tercios de votos acumulados.

El paso en falso se haría evidente si es que los jueces pasan la valla y logran entrar legítimamente, mientras que el decreto llega a ser hallado inconstitucional. Si tal escenario ocurre se demostraría que el sistema no es el que falló, sino quien quiso utilizarlo de una manera en la que no correspondía.

Llonto advierte que, en tal caso, la pena contra Macri y sus funcionarios sería mínima, de 1 mes a 2 años, pero indica que su meta -sentar precedentes en la justicia- se cumpliría. “La verdad es que no lo hacemos por exigir penas, sino para que se pongan en marcha mecanismos judiciales que funcionen ante la comisión de un delito y que logren establecer qué es delito. Y que aunque la pena sea ultra mínima y de un mes, les sirva para que nunca más se haga esto y para ponerle freno a la gente que llega al poder”.

“Nosotros somos de la opinión de que el delito puede haber sido el mínimo, pero, pese a eso, de todas maneras cabe que sea citado a indagatoria, que dé todas las explicaciones que tiene que dar. Es decir, son todas las maneras que tiene la justicia para que nunca más ocurran estos hechos. La corte está incompleta. La intención política de Macri era tener una corte formada rápido porque él iba a lanzar una serie de medidas, que las lanzó”, reitera Llonto, reconocido en su país y en Latinoamérica como el autor de varias obras acerca de la dictadura, entre ellas El Juicio que no se vio, una mirada testimonial sobre el Juicio a las Juntas militares.

Los jueces de la discordia

En el decreto con el Macri intentó gozar de atribuciones en nombre de la Constitución y la Justicia, se aseguró “(…) escoger integrantes con comprobada independencia de criterio, antecedentes académicos de envergadura y que carezcan de vinculación política o personal con quien los designa, promoviendo de esta manera la autonomía, independencia y eficacia de la justicia”.

Sin embargo, una de las cosas en las que más insistieron e insisten detractores del macrismo dentro y fuera del Senado, y que también figura en la causa que está definiendo el juez Rafecas, es que antes de la emisión del decreto, ambos juristas fueron consultados sobre su viabilidad y legalidad. Frente a lo cual ambos dieron luz verde. “¿Cómo pueden ser de la Suprema jueces que aceptan un procedimiento inconstitucional?”, se pregunta Llonto durante la entrevista por Skype.

Respecto al pasado de cada uno y por qué es conveniente para el Ejecutivo que asuman como miembros de la Suprema, una mirada hacia sus trayectorias da la impresión de que quizás Rosatti tenga mayores posibilidades que Rosenkrantz a la hora de la votación.

Además de conocer que Horacio Rosatti, de 59 años, fue ministro de justicia del gobierno de Kirchner, el abogado hizo carrera en el sistema de justicia. Desde ser intendente en Santa Fe en 1999 a Procurador General del Tesoro de la Nación, en el 2003.

El caso de Carlos Rosenkrantz, de 57 años, ha generado polémica al ser su despacho Bouzat, Rosenkrantz & Asociados el que defiende los intereses jurídicos del Grupo Clarín. Esto podría generar un posible conflicto de intereses en caso asumiera el puesto, en la medida que una de las reformas del presidente Macri toca la polémica ley de medios.

El dictamen del fiscal del caso, Gerardo Pollicita, fue desfavorable a la demanda. De acuerdo a Pablo Llonto, este dictamen no trae el caso abajo porque no es el pronunciamiento del juez. En ese sentido Rafecas, a quien considera Llonto más cercano al “kirchnerismo”, le toca emitir resolución judicial.

“El juez Rafecas tiene que evaluar si hay una comisión del delito de ‘abuso de autoridad’ y si hay comisión del delito tiene que empezar a investigar un poco más, si él quiere, si necesita alguna medida, citar algún testigo algo eso es un camino que puede tomar. El otro camino que puede tomar es tomar el dictamen del fiscal y opinar lo mismo que el fiscal y decir que en esa misma dirección para él no hay delito”, enfatiza el periodista.  

Pollicita y Rafecas ya han tenido sus encontronazos como fiscal y juez anteriormente. El expediente más cercano y polémico también fue el de la denuncia que formuló el fiscal Alberto Nisman, quien en vida fue jefe de la Unidad Amia -convertida ahora en una Secretaría de Investigaciones-, posición desde la cual denunció a la presidenta Cristina Fernández, hoy ex mandataria.  

Mientras el tema se define en tribunales, ámbito cuyo calendario es bastante difuso, de acuerdo a Llonto, solo queda esperar a abril, mes en que se realizará la votación definitiva, para que el tema esté resuelto a nivel político.

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