Contraloría anuncia nueva auditoría al by-pass de 28 de Julio por problemas de transitabilidad. No obstante, el año pasado hizo oídos sordos a denuncias de irregularidades.

Por Gerardo Cárdenas.

La Contraloría General de la República anunció ayer (4 de mayo) que hará una segunda evaluación del by-pass de 28 de Julio, debido a los problemas de congestión vehicular que ha generado durante sus pocas semanas de funcionamiento.

“Yo mismo lo sufrí (la congestión vehicular) el otro día. Todos estamos viendo problemas de transitabilidad”, señaló el contralor Fuad Khoury, de acuerdo a declaraciones recogidas por Andina. Agregó que la Municipalidad Metropolitana de Lima no cumplió con las recomendaciones que había hecho la Contraloría en un “control previo” realizado en abril y mayo del año pasado.

Contralor General de la República, Fuad Khoury. (Foto: Andina)

Contralor General de la República, Fuad Khoury. (Foto: Andina)

Lo que no mencionó el contralor fue la tibia respuesta de su institución ante las denuncias de irregularidades en la obra.

A fines de octubre pasado, IDL-Reporteros publicó un informe en el que daba cuenta de sobrecostos en el by-pass: algunos ítems presupuestados por OAS -empresa brasileña encargada de la obra, hoy investigada por el caso Lava Jato- tenían un costo de hasta tres veces más del precio del mercado.

“Solo en estos tres ítems (cerco, césped y pintado de sardineles) el sobrecosto del presupuesto del baipás es mayor a un millón 197 mil soles”, revela la publicación.

Además, la obra contaba con presupuestos distintos para una misma acción específica: el retiro de tanques de combustible de grifos ubicados en la zona. “El presupuesto de OAS para el retiro de los tanques es diez veces mayor que el que presentó la municipalidad al ministerio de Energía y Minas por el mismo concepto”, indica IDL-R.

Por otro lado, se reveló que algunos de los estudios para el expediente técnico del by-pass de 28 de Julio fueron realizados en diciembre del 2014, durante el último mes de la gestión de Villarán. Tal como indica el artículo: “Aún no terminaba el período de Susana Villarán y OAS ya estaba preparando estudios -por lo bajo- para un proyecto que se realizaría durante el mandato del recién electo Castañeda”.

Ante esta nueva evidencia, el regidor Hernán Núñez envió una carta a Contraloría el cinco de noviembre del año pasado. En ella solicitó que le informen sobre medidas adoptadas ante la denuncia.

La respuesta de Contraloría llegó en febrero de este año, y no fue muy alentadora. El gerente de la Oficina de Coordinación Regional de Lima Metropolitana, Ghiorge Mancisidor Sosa, señaló que habían “situaciones que limitan determinar la razonabilidad de la información técnica recibida”. Estas situaciones tenían que ver con detalles de subcontratos y rendimientos diarios, entre otros.

¿Y los presupuestos de los grifos? ¿Y los estudios realizados antes de que Castañeda asuma la alcaldía? Contraloría no los menciona en su carta, en la que básicamente indica que no le es posible contestar la solicitud del regidor.

Por supuesto, en ese momento no se dispuso ninguna evaluación. Solo ahora, seis meses después y con el by-pass ya construido y operativo, se está haciendo una auditoría que estaría lista entre julio y agosto. ¿Es necesario que el contralor Khoury viva la congestión vehicular para que su institución empiece a investigar?

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