Después del lamentable hecho del pasado 5 de junio en Bagua, Numero Zero recogió los comentarios de tres profesionales. En el primer video, Giancarlo Carbone, Máster en Estrategias de Comunicación, da su opinión del caso; y luego el periodista Manuel Súnico comenta el tema. En el segundo video, César Zamalloa, antropólogo y autor de Comunicación y Sociedad con Otros, analiza las últimas reacciones del gobierno.
Por: Lauro Minaya
Después del lamentable hecho del pasado 5 de junio en Bagua, Numero Zero recogió los comentarios de tres profesionales de la Universidad de Lima. En el primer video, Giancarlo Carbone, Máster en Estrategias de Comunicación, da su opinión del caso; y luego el periodista Manuel Súnico comenta el tema. En el segundo video, César Zamalloa, antropólogo y autor de Comunicación y Sociedad con Otros, analiza las últimas reacciones del gobierno.
Con 57 votos a favor, 47 en contra y una abstención se logró derogar los decretos legislativos 1090 (Ley forestal y de fauna silvestre) y el 1065. Ambas normas fueron cuestionadas por las comunidades amazónicas desde su apresurada promulgación en abril del 2008.
Si bien una comisión multipartidaria sugería que el decreto 1090 sea suspendido por tres meses, salida que fue apoyada por la ministra de Relaciones Exteriores Mercedes Aráoz, preocupada por la reacción internacional de una suspensión indeterminada; la publicación de la ley N° 29376 en el diario oficial El Peruano no señala un plazo concreto.
Texto: Sofía Pichihua
Foto: Captura de Ustream.Tv, Agencia Andina.
Con 57 votos a favor, 47 en contra y una abstención se logró derogar los decretos legislativos 1090 (Ley forestal y de fauna silvestre) y el 1065. Ambas normas fueron cuestionadas por las comunidades amazónicas desde su apresurada promulgación en abril del 2008.
Si bien una comisión multipartidaria sugería que el decreto 1090 sea suspendido por tres meses, salida que fue apoyada por la ministra de Relaciones Exteriores Mercedes Aráoz, preocupada por la reacción internacional de una suspensión indeterminada; la publicación de la ley N° 29376 en el diario oficial El Peruano no señala un plazo concreto.
Para el analista político Carlos Reyna la ‘suspensión’ es, en realidad, una “derogatoria disfrazada”. “Cuando tú suspendes una norma de manera indefinida y restableces las leyes que habían sido reemplazadas por los decretos legislativos lo que estás haciendo es derogar las normas. Entonces, ¿por qué la llaman suspensión?”, pregunta. Esta jugada serviría, según el analista, para evitar pensar en una ‘victoria indígena’.
¿CONCIENCIA LIMPIA?
Hoy, en la inspección al muelle Sur del Callao, el presidente declaró a la prensa que el gobierno fue “muy dialogante” y que “el diálogo es una virtud pero cuando se dialoga demasiado, lo que se está haciendo es que la persona que está el frente crea que hay debilidad o temor”. No obstante, Reyna sugiere que la reacción del gobierno fue tardía. Asimismo, el analista asegura que sólo cuando Pizango declara a los medios y utiliza el término “insurgencia”, tanto estos como los políticos colocaron la protesta amazónica en sus agendas.
Por otro lado, Francisco Pérez Esteban, secretario de Derechos Humanos de la Izquierda Unida, cree que Alan García se está convirtiendo en un “nuevo Fujimori” por la vergonzosa acción gubernamental frente al paro amazónico. “Un gobierno así está al servicio del neocolonialismo de las transnacionales extranjeras, no está al servicio del pueblo del Perú, sino vendiendo el patrimonio y riqueza de su propio país y violando los derechos humanos de los pueblos indígenas: el derecho a la identidad, a la tierra y a la vida”, agregó, informa La República de España.
En la semana, el premier dijo que tenía la conciencia limpia sobre los últimos hechos. No obstante, durante una visita al Congreso recalcó que se siente culpable por la muerte de 23 policías. A pesar de eso, no piensa renunciar, para él sería una cobardía. No ha cambiado de opinión sobre ese punto desde el viernes pasado cuando dijo en conferencia de prensa que “los que deben renunciar son los que han provocado la violencia en el país”. Posteriormente, y ante la prensa extranjera, Simon aseguró que “no fue una decisión personal”, sino una “decisión del gabinete”.
Por otro lado, la ministra del Interior Mercedes Cabanillas en la improvisada conferencia de prensa del último viernes dijo que su cargo siempre está a disposición del presidente. De acuerdo a Fernando Rospigliosi, la ministra debería renunciar, además, en declaraciones a Inforegión, opina que la versión que involucra una supuesta conspiración internacional es “un pretexto del gobierno para no asumir su responsabilidad”.
Alberto Pizango, el líder de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), es acusado por algunos como el principal responsable de las matanzas en Bagua y por otros como un perseguido político. Estuvo no habido durante días hasta que el fin de semana pasado se supo que Nicaragua había aceptado su pedido de asilo político. Hasta la fecha se encuentra a la espera del salvoconducto para viajar al país centroamericano.
PARA QUE NO SE REPITA
Las manifestaciones en búsqueda de la verdad y de la paz se han realizado desde el 5 de junio. De acuerdo a Radio Activa de Chachapoyas ese día a las 5:47 pm aproximadamente se inició una vigilia en la Plaza Mayor de Chachapoyas por la defensa de los derechos de la comunidad amazónica.
Antes de las votaciones por la interrupción del DL 1090, 18 congresistas de la bancada nacionalista protestaron con carteles que decían “Tierra y agua no se vende: Escuchemos a los pueblos andinos y amazónicos” en el hemiciclo del Congreso. Ayer, los parlamentarios decidieron en mayoría la suspensión por 120 días de María Sumire, Hilaria Supa, Nancy Obregón, Juana Huancahuari, Rafael Vásquez, Cayo Galindo, Janeth Cajahuanca. El resto sólo recibió una amonestación.
Por otro lado, Reyna asevera que se han podido observar otras “señales nobles” frente a la desgracia en Bagua como que algunas de las vivas durante las movilizaciones del 11 de junio lamentaban tanto la muerte de los policías como la de los nativos. Además, el analista se refiere a la declaración simbólica de paz entre el hermano del Mayor de la Policía Nacional, Miguel Montenegro, fallecido en la estación 6 de Petro-Perú y Goreti, una mujer aguaruna que pasa por el mismo dolor.
Simon sostuvo que en menos de 15 días se instalará una mesa de diálogo multisectorial para buscar una solución y plantear un plan de desarrollo en las comunidades nativas. “Se ha nombrado una comisión de trabajo donde están los presidentes regionales, el Gobierno central, los apus de los diferentes grupos amazónicos y, junto a ellos, la Defensoría del Pueblo, y las iglesias Católica y evangélica para buscar una salida definitiva al problema de la Amazonía”, añadió ante los corresponsales extranjeros.
Actualización 15/06: El Congreso aprobó la formación de un grupo multipartidario que tendrá 120 días útiles para investigar los actos de violencia ocurridos en Bagua, el pasado 5 de junio. El jueves 17 de junio se conocerá a los congresistas que constituirán la comisión.
Actualización 16/06: El premier viajó ayer Mazamari en Satipo llevando la promesa de derogar los decretos 1090 y 1064, petición que formaba parte del pliego de reclamos entregado por la lidereza indígena Lidia Rengifo, quien estuvo acompañada por otros 30 dirigentes. Rengifo aceptó liberar las carreteras por cuatro horas cada día hasta que la promesa sea cumplida. Por otro lado, Simon planteará al Ejecutivo la cancelación del Estado de Emergencia en Amazonas. Esta decisión fue criticada por el fujimorismo y la bancada de unidad Nacional.
Actualización 23/06: Se canceló el estado de emergencia en Amazonas
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Cuando Lima voltea la mirada al interior del país siempre es porque nos llama la atención ver llantas en llamas, bloqueo de carreteras, nativos con la cara pintada y lanzas en las manos, saqueo de oficinas de una entidad pública y/o gases lacrimógenos lloviendo a diestra y siniestra. La violencia se ha institucionalizado como medio de hacer llegar los reclamos de los pobladores del interior a oídos de la gran ciudad.
Opina: Carlos García
Imágenes: Captura de Ustream, Defensoría del Pueblo y Presidencia del Consejo de Ministros
Cuando Lima voltea la mirada al interior del país siempre es porque nos llama la atención ver llantas en llamas, bloqueo de carreteras, nativos con la cara pintada y lanzas en las manos, saqueo de oficinas de una entidad pública y/o gases lacrimógenos lloviendo a diestra y siniestra. La violencia se ha institucionalizado como medio de hacer llegar los reclamos de los pobladores del interior a oídos de la gran ciudad.
En primer lugar, la culpa es del gobierno. No es idóneo para la solución de un conflicto esperar a que cierren una carretera o tomen de rehén a un policía para buscar una solución. Al gobierno de turno pareciera gustarle la atención mediática que provoca un enfrentamiento entre pobladores y policías, y lo peor es que lo ve por televisión.
53 días de idas y venidas, viajes de Antonio Brack para dialogar con los nativos en su cancha (¿es el ministro del Ambiente el mejor interlocutor del gobierno?), y visitas de Alberto Pizango (líder de AIDESEP) a Lima para conversar con Yehude Simon (¿por qué él no fue al lugar de los hechos?): el diálogo no terminaba nunca y la sangre llegó al rio.
En entrevista al diario La República la ministra del interior Mercedes Cabanillas dijo que ella no sabía nada. Es decir, el enfrentamiento entre la Policía Nacional y los pobladores que bloqueaban la carretera Fernando Belaunde, iniciativa de las fuerzas del orden para limpiar la vía, la sorprendió. La autoridad de mayor jerarquía desconocía la situación. ¡Te pasas Meche!.
Luego, el motor y motivo de los enfrentamientos, el decreto legislativo 1090, quedó suspendido -sin plazo definido- luego de una tensa y accidentada votación en el Parlamento. Lo mismo pasó con el DL 1065.
Una semana después de los hechos violentos en Bagua la calma no llega. En Lima, la Policía se enfrentó con universitarios y demás manifestantes que recorrían la avenida Abancay rumbo al Congreso para hacer escuchar su voz de protesta. Asimismo, desde Lima no se valora la opinión de nuestros compatriotas que, en realidad, desde hace siglos nunca han sido vistos como iguales. Más bien se ha diferenciado desde el principio el ‘asesinato’ de los policías y la ‘muerte’ de nativos como si ambas pérdidas no fueran igual de trágicas.
Lo sucedido en Bagua es sólo la punta de un iceberg capaz de acabar con el más poderoso Titanic. Y no estamos en contra del progreso, como dice el presidente, si no que no se puede estar a favor de la violación de los derechos fundamentales de los pobladores.
Parece que el gobierno no toma importancia de los informes sobre conflictos sociales que emite la Presidencia del Consejo de Ministros y la Defensoría del Pueblo. El 50 % son de tipo socio ambientales, todos son protagonizados por nativos de la zona contra activistas de explotación y exploración minera. En Amazonas, departamento donde estallaron las protestas, sólo habían dos conflictos activos (de un total de 212) al 31 de mayo del 2009 y en ninguno había una iniciativa de diálogo establecida.
Revisar estos reportes es importante, pues si bien el Estado no es un pulpo de mil tentáculos, sí debería buscar la manera de no desatender a ninguna región. El Estado no debería esperar a que se le exijan hacer algo y menos reaccionar sin intención de conciliación –miren no más el spot del Ministerio del Interior- para hacerlo con la pierna en alto.
Entonces tenemos: nativos a los que sólo se les atiende si toman medidas violentas, un presidente que no cree que los reclamos son justos, una ministra que desconoce el accionar de la policía, reportes de conflictos que pocos revisan y que van en aumento. En conclusión: un triciclo ambulante llamado Perú.
En el día mundial del Medio Ambiente se realizó un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y pobladores amazónicos en la carretera Fernando Belaunde Terry (Amazonas) que ha convertido este viernes en sangriento. El desalojo cercano a la llamada ‘Curva del diablo’ no tiene cifras concretas de heridos y fallecidos.
Texto: Sofía Pichihua
Foto: Amazon Watch
Hay más fotos (algunas impactantes en CNDDHH) del fotógrafo Félix Calvas y otras más aquí.
En el día mundial del Medio Ambiente hubo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y pobladores amazónicos en la carretera Fernando Belaunde Terry (Amazonas) que ha convertido este viernes en sangriento. El desalojo cercano a la llamada ‘Curva del diablo’ no tiene cifras concretas de heridos y fallecidos.
En conferencia de prensa desde la Presidencia del Consejo de Ministros, el premier Yehude Simon reconoce 116 personas internadas en tres hospitales de Bagua. Periodistas de la zona reportan más de 34 comuneros indígenas muertos y más de 40 heridos. No obstante, el premier sólo consideró tres muertes durante su discurso. Además, lamentó el fallecimiento de once custodios, enfatizando siempre ese último número. A esto la ministra del Interior Mercedes Cabanillas agregó que los residentes amazónicos “se han manchado con la sangre de inocentes policías”.
Los custodios caídos serán trasladados a Lima y recibirán los “honores de los ministros y de la ciudadanía”, señaló Cabanillas, en la conferencia que finalizó antes de las ocho de la noche.
Oswaldo Bautista, presidente de la junta de Fiscales Superiores del distrito judicial de Amazonas, declaró a Radio Programas del Perú que no tiene una cifra definitiva de muertos que se encuentran en Bagua Grande (Utcubamba), Bagua Chica (Bagua) y la carretera. De igual forma, los testimonios recogidos por la revista Ideele denuncian desapariciones.
Por otro lado, en la intervención de las autoridades del gobierno ante los periodistas, Simon confirma que cerca de mil pobladores habrían secuestrado 38 policías que custodiaban la estación 6 de Petro-Perú en Amazonas.
Sin embargo, no dijo si otro de los retenidos era un funcionario de la empresa petrolera, tal como se rumoreaba. En la mañana del sábado 6 de junio, el jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, Miguel Hidalgo, declaró en RPP que nueve de ellos habían fallecido, 22 custodios fueron liberados y que no conoce información sobre el saldo (siete).
El ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz expresó ante los hombres de prensa que se ha dispuesto toque de queda en Amazonas. No obstante, un reportero que se comunicó con RPP declaró que los pobladores en Bagua siguen movilizándose en la zona.
BUSCANDO RESPONSABLES
El presidente de la República –quien estuvo en la tarde premiando a empresarios impulsadores del biocomercio- culpó al presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, del fallecimiento de los policías. García expresó que frente a la violencia de los amazónicos, el gobierno ha “actuado con energía”.
El presidente del Consejo de Ministros junto con los ministros de Defensa, de Transporte y Comunicaciones, y del Interior apoyan la posición del mandatario. Cabanillas llamó “delincuente” a Pizango y pidió su captura. La ministra señala que el líder de la Aidesep podría ser acusado por apología y por conspiración a la rebelión, así como por motín.
Asimismo, el premier asegura que “tenían que actuar como un gobierno democrático” de 28 millones de peruanos y no de “unos pocos”. No acepta ningún tipo de responsabilidad política y considera que su renuncia sería un acto de cobardía. “Los que deben renunciar son los que han provocado la violencia en el país”, exclamó.
Obviamente Pizango negó algún tipo de responsabilidad. Durante la conferencia de prensa de hoy ante la prensa extranjera lamentó el delicado estado de salud del dirigente Santiago Manuin Valera. Además, el líder amazónico cree que el gobierno ha cometido genocidio contra sus similares.
La página web de la Aidesep no fue actualizada el 5 de junio. Recién el 6 se publicaron tres notas informativas. Según una de ellas, el Comité de Lucha de los Pueblos Amazónicos de la provincia de Alto Amazonas responsabiliza al presidente y reitera ” su posición pacífica, sin que ello signifique dejar de responder con valentía por la defensa de sus vidas, de ser necesario, en coherencia con su derecho a la autodefensa”. Asimismo, respalda “a Alberto Pizango Chota como su único interlocutor”. No obstante, se desconoce el actual paradero de su líder.
OTRAS REACCIONES
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) solicita la intervención de Fiscal de la Nación Gladys Echaiz. Desde su blog refiere que han sido informados de que “se habrían producido hechos irregulares, como el uso desproporcionado de la fuerza por parte de efectivos policiales, cadáveres que presentan signos de violencia excesiva, la disposición irregular de los cadáveres de los nativos caídos en los enfrentamientos, afirmándose incluso que se habría incinerado cuerpos. Asimismo, las personas detenidas habrían sido conducidas al cuartel del Ejército “El Milagro”, en Bagua, a donde también se habría llevado cadáveres”.
La defensora del pueblo Beatriz Merino pidió serenidad y el regreso al diálogo:
Pueden revisar el informe de conflictos del 5 de junio del 2009.
Resumen informativo de lo ocurrido por Telesat Service (Enlace Nacional)
Actualización 06/06 a las 8:15am. El diario El Comercio informa que el gobierno declara Duelo Nacional para el domingo 7 de junio.
Actualización 07/06 a las 8:15am. El diario El Comercio testifica que fuentes confidenciales aseguran que notas de inteligencia que recomendaban la intervencion de las fuerzas del orden porque nativos de la zona -la misma que protagonizó el sangriento fin de semana- se estarían preparando con armas para dar un golpe. La ministra Mercedes Cabanillas niega tal versión.
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